A las 9 en punto se abrieron las puertas del ascensor del quinto piso de la Justicia Federal. “Hola, soy la ingeniera Olga Cudmani y vengo dispuesta a contestar todas las preguntas del Poder Judicial”, informó sonriente y desenvuelta la funcionaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “No sé de qué me acusan, pero soy inocente: siempre actué con el aval jurídico correspondiente”, explicó en el corredor. Minutos más tarde, ingresó al Juzgado N°2 para declarar como imputada en la causa que procura esclarecer las irregularidades detectadas en el manejo de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Acompañada por el defensor Alfredo Falú, Cudmani permaneció durante casi nueve horas en el despacho a cargo del juez Fernando Luis Poviña.
La funcionaria precisó que estuvo un cuarto de siglo en la Dirección de Construcciones Universitarias -por una investigación interna, fue trasladada al área de Extensión-. Fuentes judiciales dijeron que la ingeniera y su abogado consultaron el voluminoso expediente que acumula las pesquisas “Sigen” y “Eudal”. Hacia el mediodía, la acusada dio su versión de los hechos y se sometió al interrogatorio del fiscal federal N°1, Carlos Brito.
La serie de indagatorias vinculadas al dinero de YMAD comenzó este lunes, con la declaración de Juan Carlos Reimundín, ex secretario académico. Hoy a las 9 es el turno de Horacio Alfredo Lobo, arquitecto y ex inspector de obra. El 11 de abril ha de presentarse Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones, mientras que la indagatoria de Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional (UCR), está programada para el 12 de este mes. El juez convocó a Juan Alberto Cerisola, ex rector en el período 2006-2014 y representante de la UNT en YMAD, para el 13 de abril. A partir de entonces, Poviña quedará en condiciones de resolver si dicta la falta de mérito, o procesa o sobresee a los acusados en un expediente cuyo trámite empezó en 2010.
Mecanismo paralelo
El Ministerio Público Fiscal de la Nación imputó a Cudmani la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. La todavía funcionaria de la UNT declaró ayer como consecuencia de las actuaciones de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), y de las denuncias incoadas por Ramón Eudal y Oscar López.
Cudmani habría formado parte de la estructura creada ad hoc para manejar los fondos de YMAD. Según la Sigen, este mecanismo paralelo fabricado con resoluciones dictadas en 2008 obvió la Ley de Obras Públicas con la finalidad de eludir los procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos. Ese dispositivo incluyó una decisión clave: Construcciones Universitarias, la oficina de Cudmani, pasó a depender en forma directa del ex rector Cerisola. En uno de sus dictámenes, el fiscal dijo que la coimputada autorizó la ejecución de obras; convocó a licitación y adjudicó proyectos sin respetar la normativa, y dio el visto bueno para el pago de sobreprecios tanto en obras nuevas como en refacciones.
Brito expresó que, al amparo de este régimen administrativo destinado al dinero de YMAD, las autoridades universitarias imputadas habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos contractuales; facilitar la arbitrariedad en la asignación de los contratos; reconocer erogaciones no previstas y esquivar los controles que garantizan que las contrataciones cumplan los principios de razonabilidad, eficiencia, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad que consagra el orden jurídico.
El accionar de Cudmani es objetado respecto de la construcción del complejo de aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, y de la restauración y ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (representan el 42% del universo de proyectos informados por Construcciones Universitarias para 2011). Pero también en cuanto a la investigación del uso de los $ 342 millones que la UNT recibió de YMAD entre 2006 y 2009. En ese ámbito, el fiscal manifestó que Cerisola y Cudmani omitieron someter al menos 16 obras a licitación pública, y subrayó que la UNT llegó a pagar sobreprecios del orden del 194%.